Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora

Los veterinarios y veterinarias observamos con incredulidad como una normativa tan importante como la Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los animales, se va a llevar al Parlamento, de manera ya casi definitiva y con una urgencia innecesaria, sin llegar al consenso imprescindible para una norma de la relevancia de la que tenemos ante nosotros en este momento.

No hay que olvidar que casi la mitad de los españoles convive, de una u otra manera, con un animal de compañía. Esta norma, nos va a afectar, y mucho, a todos.

La que nos ocupa es una ley que, con sinceridad, creemos absolutamente necesaria desde la perspectiva veterinaria. Necesaria además para todos los animales a los que afecta, sin excepción, independientemente de que se dediquen a la compañía, a la asistencia, al deporte, al pastoreo, a la protección de las personas o a la caza. Para las veterinarias y los veterinarios, todos los animales son iguales. Dedicamos una parte muy importante de nuestras vidas a sanarlos y protegerlos, sin olvidar nunca que, con nuestra profesionalidad, también cuidamos y protegemos, desde la salud pública y como sanitarios, a las personas que conviven con ellos y al medio ambiente.

Una ley de protección animal es imprescindible, precisa, indispensable. Pero esta que va a llegar al parlamento no es la ley que necesitamos.

Y queremos explicarles nuevamente porqué, antes de que su aprobación nos lleve a situaciones problemáticas, de difícil solución o cuya aplicación nos lleve a situaciones indeseadas, como hemos comprobado ya con otras normativas en la actualidad.

Hemos visto como la norma se forjaba y crecía de espaldas a muchos sectores de la población cercanos a los animales, sobre todo en el mundo rural. Esos sectores son fundamentales para que cualquier ley se pueda llegar a cumplir, sea efectiva, y de verdad consiga lo que pretende, proteger a nuestros compañeros de vida.

En nuestro caso, a los veterinarios y veterinarias se nos ha preguntado, pero no se han tenido en cuenta la mayor parte de nuestras alegaciones a la norma, alegaciones que nacen del conocimiento de la realidad del sector y de aquello con lo que los veterinarios trabajamos mejor, la ciencia.

No es difícil poner algunos ejemplos.

- No se han tenido en cuenta gran parte de nuestras alegaciones a las definiciones de la nueva ley, que van a chocar directamente con otras definiciones ya existentes en leyes actualmente en vigor, ni se ha tenido en cuenta la definición de términos clave para la aplicación de la ley como el de veterinario/a municipal o perito forense veterinario/a. Los primeros son imprescindibles en la aplicación de la ley. Los segundos son imprescindibles en la lucha contra el maltrato.

- Los veterinarios y veterinarias no estamos presentes en esta ley, ni en los organismos de gestión que crea. Ni siquiera cuando se nombran los términos científico y técnico, aun cuando somos las personas profesionales imprescindibles con formación científico/técnica en todo cuanto tiene que ver con bienestar animal y por tanto con su protección. Y hablamos del bienestar animal basado en el respeto de cada especie y cada animal por lo que es y tras el estudio y el reconocimiento de sus necesidades vitales, siempre desde la perspectiva de la ciencia.

- A las veterinarias y los veterinarios, a pesar de nuestra más que demostrada formación en salud y bienestar animal, no se nos tiene en cuenta en la ley como formadores. Esta indefinición en la formación puede llevar a la indefensión de quien se pretende formar. Esto es especialmente grave cuando la iniciativa parte de las administraciones.

- La ley pretende, sin aclararlo, definir la figura del profesional del comportamiento, englobando bajo una misma denominación personas con formaciones muy dispares y obviando la figura del veterinario/a especialista en comportamiento o veterinario/a etólogo, cuya reserva de actividad en todo cuanto tiene que ver con los trastornos y patologías del comportamiento debe quedar absolutamente clara y definida para evitar situaciones de intrusismo profesional e indefensión de quien recurre a este tipo de servicios. Más aun teniendo en cuenta algo que los veterinarios y veterinarias sabemos, que los que suelen sufrir las consecuencias de una mala orientación de los problemas de comportamiento de los animales suelen ser los más indefensos, niños, ancianos y otros animales de compañía.

- A las veterinarias y veterinarios nos duele especialmente la gestión que la ley hace de la eutanasia. La imposibilidad de decidir, por parte del propietario/propietaria o del profesional veterinario, la aplicación de una muerte digna para nuestros compañeros animales en los casos en los que existe tratamiento de sus patologías o medidas paliativas pero no se puede acceder a ellas por motivos económicos, nos deja con las manos atadas para la aplicación del criterio del profesional veterinario. Estas situaciones nos pueden abocar a la supervivencia de los animales en situaciones cercanas al maltrato. Si la sociedad está avanzando hacia la elección de una muerte digna en las personas, no puede aplicar un criterio diferente para los animales con los que convivimos.

- Toda la ley carece de una financiación acorde a las necesidades de su aplicación. Si de verdad queremos una normativa útil y que convierta el bienestar animal en un eje de la sociedad, es imprescindible profesionalizar el sector. Y. toda profesionalización tiene un coste. En el caso de esta ley, son los Ayuntamientos los directamente implicados. Sin la figura de los veterinarios y veterinarias municipales es imposible controlar el cumplimiento de la ley. Y por desgracia, muy pocos ayuntamientos cuentan con personal veterinario a su servicio.

Podríamos seguir citando mejoras imprescindibles desde el punto de vista técnico para que esta normativa se adapte a la realidad como ya hicimos en su momento, con la presentación de más de 60 alegaciones al borrador, al anteproyecto y al proyecto de ley. También hemos defendido nuestras aportaciones como expertos en el Congreso de los Diputados, dentro de un trámite de comparecencias que sorprendentemente se acuerda una vez ya presentadas las enmiendas y por lo tanto con poca o nula validez real.

Y no entendemos como, intentando parchear la norma y para el mismo animal, el momento del año o su situación de actividad o no puede modificar la aplicación de la ley.

Los veterinarios sabemos muy bien de que estamos hablando señorías. Vivimos todos los días la realidad de la convivencia de las personas con los animales de compañía. Todos los días. Vemos lo que se hace bien y lo que se hace mal, y por desgracia también como las leyes bienintencionadas se quedan en las buenas intenciones por ser difícilmente aplicables o imposibles de aplicar y controlar. No queremos que esto pueda suceder.

Les pedimos una última y profunda reflexión que les lleve a frenar una tramitación de urgencia que solo puede llevar a errores que nadie desea, especialmente nosotros, los veterinarios y veterinarias, los profesionales más implicados en nuestro día a día con el bienestar animal.

Un cordial saludo,

EL PRESIDENTE
Luis Alberto Calvo Sáez